Cuando se promete electoralmente que se reducirá la Administración Pública lo primero que le viene a la cabeza a mucha gente es que por fin les pondrán las pilas a muchos funcionarios y que se despedirá a unos cuantos para conseguir esos objetivos. Si nos centramos en esta percepción mal iríamos si la reforma de la Administración Pública se planteara desde esta perspectiva.
Las principales incógnitas vienen sobre qué se reducirá y cómo se reducirá, porque no olvidemos que mucho tendrían que cambiar las cosas para que se pudiera despedir alegremente parte del funcionariado para reducir en un 20% – 25% el sector público. En estos momentos los trabajadores del sector público ya han tenido que soportar una reducción del 5% de media de su salario, además de la congelación salarial desde 2008, como para permitir que “su plaza en propiedad” deje de serlo.
Ante una situación de estas características y declaraciónes como las de Artur Mas que promete adelgazar un 25% una administración que “no es rentable” entre cargos, personal y organismos públicos, surgen dudas sobre todo en lo que se refiere al personal y a los organismos públicos. El tema de los cargos dejémoslo aparte por que seguro que en ese punto el que más o el que menos coincide en que si que se han de reducir.
Pero no sólo no ha especificado qué y como, sino que también ha entrado en el ámbito de la simplificación normativa:
También se ha comprometido a que el Govern elimine “al menos” una de sus normas por cada norma nueva que se plantee aprobar". (via europapress)
Y decir que por una norma aprobada quitará otra desde mi punto de vista no me parece lo más adecuado. Cierto que la Administración Pública necesita procesos de simplificación tanto en el ámbito de los procesos administrativos como en el ámbito de la propia organización. Precisamente con este objetivo el gobierno de Montilla encargó un informe técnico para poder realizar un plan de ajuste. Según se lee en la Vanguardia:
"El informe técnico encargado previo a la aprobación del plan señala que hasta 104 de los 245 organismos y entidades de la Generalitat serían susceptible de ser suprimidos".
No es tan fácil poner el cascabel al gato, sobre todo en lo que se refiere a las modificaciones de personal en las administaciones públicas. Porque por más que se reduzcan ciertos organismos, si sus trabajadores son reasignados a otra unidad seguimos estando en las mismas y ese gran obstáculo no se si lo habrá meditado lo suficiente el líder de CiU.
La estimación de puestos de trabajo que se tendrían que reducir según las declaraciones de Artur Mas serían entre 40.000 y 50.000. Esto ha provocado múltiples reacciones y una de ellas ha sido del propio Artur Mas retractándose de las mismas diciéndo que sólo se refería a los cargos de confianza, por que claro, el principal incremento de trabajadores en la Generalitat se ha producido en el ámbito de la enseñanza, seguridad y sanidad y no creo yo que electoralmente hablando ahora le convenga decir que va a despedir profesores, mossos d’esquadra y personal sanitario. Ya que si Artur Mas aplica esa reducción lo que obtendrá es un estado del bienestar raquítico en el que la escuela concertada y las mutuas privadas serían las principales beneficiadas.
Aunque como reconoce el propio Artur Mas “un político no siempre puede decir toda la verdad“.
Y es que cuando CiU realizó la Doc Session sobre administración pública en la que ya pusieron sobre la mesa el tema de reducir la administración pública no dieron respuesta a qué y cómo, los únicos argumentos que algún militante de CiU dió era que la externalización de servicios era la solución, es decir promover escuelas concertadas, mutuas privadas, etc… Y ante un panorama de estas características, sinceramente yo prefiero seguir teniendo unos servicios sociales públicos y fuertes que no dependan de ninguna empresa privada que lógicamente tendrá como objetivo su beneficio económico y no el beneficio social
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