Visitando la web del Ayuntamiento de Petrer

«Cuando los ciudadanos perciben que la Administración Pública ofrece valor en el servicio público, se crea una confianza implícita hacia ella. Esta confianza da lugar a una población más conectada, cuyas verdaderas necesidades se transmiten a la política de la Administración Pública, lo que permite llevar a la práctica un servi - cio excelente, que refuerza, a su vez, una renovada confianza» (Accenture, 2007).

La Administración electrónica española ha experimentado un considerable avance desde la generalización de Internet, que ha facilitado que los procesos de comunicación de ciudadanos y empresas con las Administraciones Públicas hayan dado un considerable giro. A nivel municipal estamos todavía inmersos en la etapa de la oferta informativa aunque algunas administraciones locales avanzan más rápidamente que otras hacia la administración electrónica, y que aún estamos muy lejos del gobierno electrónico.

La reforma de la Administración invade más de 40 puntos del Estatuto

Un informe de la Junta detalla cuáles de sus competencias son “cuestionadas”

 

En la reforma de las Administraciones Públicas, uno de los proyectos estrella del Ejecutivo de Mariano Rajoy y que prevé un ahorro de 37.700 millones de euros, confluyen dos interpretaciones distintas de una misma realidad. Para el Gobierno central, en palabras de su vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, la reforma persigue que “el aparato institucional sea más racional y eficiente”. Para su homólogo en la Junta de Andalucía, Diego Valderas, el fin es “una poda de la autonomía local” y del “estado autonómico”. Desde un primer momento, la Administración andaluza ha mostrado su rechazo a la medida —incluso no descarta acudir al Tribunal Constitucional— amparándose en que vulnera el Estatuto de Autonomía. Ahora, la Junta pone cifra a ese choque. Según un informe de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, la reforma de Rajoy “cuestiona más de 40 artículos” del texto andaluz. “Se cuestionan las competencias exclusivas, las ejecutivas, la naturaleza de la Administración Pública andaluza o los principios de gestión de nuestras competencias”, se detalla en el escrito. Más de 40 artículos que pueden analizarse por áreas.

Otra vuelta de tuerca

El Gobierno planea dar más poder a las mutuas en las bajas médicas

Ambulatorio de As Fontiñas, Santiago de Compostela. / anxo iglesias

Las mutuas ganarán margen de maniobra para decidir cuándo hay que dar de alta a un trabajador enfermo. Si hasta ahora lo hacían en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el Gobierno tiene previsto darles esta potestad también cuando se trata de una enfermedad común o de un accidente no laboral —el 80% de las empresas ya tienen asegurados estos procesos con las mutuas—. Así lo recoge un proyecto de real decreto, fechado el 17 de julio pasado, que regula la gestión y el control de los procesos de incapacidad temporal. Uno de sus artículos faculta a las mutuas a facilitar el “alta médica presunta” al sexto día de la propuesta dirigida a la inspección médica del servicio público de salud. Si el inspector no responde en ese tiempo, el silencio administrativo se considerará aprobación, y la mutua podrá comunicar al paciente que está de alta y sin derecho a subsidio.

No más visa

Rajoy reclamará a Bruselas que peruanos y colombianos puedan viajar sin visado.

El presidente de Colombia considera la iniciativa su mejor regalo de cumpleaños.

El Gobierno de Mariano Rajoy va a solicitar a la Comisión Europea y a los demás Estados del Espacio Schengen que se retire a Colombia y a Perú de la lista negra de países cuyos ciudadanos necesitan visado para entrar en España para estancias de corta duración, según informaron fuentes de La Moncloa.

Rajoy se lo ha comunicado ya al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al presidente de Perú, Ollanta Humala, con quienes conversó telefónicamente durante el fin de semana. La actual exigencia de visado levantó hace 12 años, cuando entró en vigor, una oleada de críticas. La exigencia de visado a los colombianos por parte de todos los países de la Unión Europea fue adoptada en marzo de 2001 en una reunión de ministros del Interior de la UE, formada entonces por 15 países. En la votación correspondiente, el entonces ministro Rajoy se abstuvo y no votó en contra.

El menú del déficit autonómico

El descubierto presupuestario 'a la carta' está bien si no lo paga el vecino

En 2004 los firmantes de este artículo publicamos un trabajo académico en Hacienda Pública Española, en el cual poníamos de manifiesto el escaso desarrollo habido hasta entonces del principio de transparencia presupuestaria. También abogábamos por un mecanismo de reparto del déficit basado en criterios objetivos y no en negociaciones ad hoctodos los años. Pues bien, aquí estamos casi una década después y el debate sigue abierto, a pesar de todo lo que ha llovido.

Desde entonces, nada menos que tres normativas de estabilidad presupuestaria nos contemplan: en el año 2001 fue el déficit cero; en 2006, el déficit en el ciclo económico; en 2012, el déficit estructural, consecuencia del Pacto Fiscal de la UE y de la reforma constitucional de 2011.

Bruselas respalda la rebaja de sueldos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó boquiabiertos a muchos la semana pasada cuando recomendó a España un pacto según el cual los trabajadores aceptarían una rebaja de sueldo del 10% en dos años a cambio de que las empresas se comprometieran a crear empleo de forma significativa. Un extraño acuerdo unió entonces a Gobierno, partidos y sindicatos. Todos se pronunciaron en contra. Pero la propuesta acaba de encontrar un aliado relevante: el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn. “No subestimo el desafío que supondría construir un amplio consenso político y social para encontrar una senda de ajuste óptima. Pero, ¿no merecería la pena un intento serio, por el bien de esos millones de jóvenes parados españoles?”, se pregunta el comisario finlandés en una entrada en su blog publicada este lunes.

Admitido el recurso de Parla contra la privatización del hospital

El municipio alega que el centro está construido sobre una parcela de cesión municipal cuyo valor catastral es de 29,5 millones

La sala de lo Contencioso-administrativo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Parla contra la privatización de su hospital, el Infanta Cristina. El Consistorio ha alegado que el centro sanitario está construido sobre una parcela de cesión municipal de 277.000 metros cuadrados, cuyo valor catastral es de 29,5 millones, según informaron ayer fuentes municipales.

El PSM pide a los jueces que paren otra vez la privatización hospitalaria

El PSM no da por perdida la pelea sanitaria. Ha iniciado un nuevo asalto después de que el Tribunal Superior de Justicia regional se desdijera hace diez días y permitiera seguir adelante con la privatización de seis hospitales públicos madrileños. Los socialistas han presentado un nuevo recurso en el que reclaman a los jueces que anulen este último paso y mantengan las medidas cautelares de urgencia que frenaban la actuación.